En el proceso constitucional anterior, cuatro meses antes de la elección del 4 de septiembre del 2022, Contraloría se vio obligada a sacar el tradicional reglamento de prescindencia que fija los límites para que los funcionarios públicos participen de las campañas. Según explicaron fuentes del organismo, en esa oportunidad, ante el activo rol del gobierno en pos de una de las opciones, debieron actuar más rápido de lo normal.
Hoy el contexto es otro. En un evidente cambio de rol del gobierno para este proceso, la Contraloría evacuó la normativa cuando solo restan 20 días para los comicios que definirán si se visa, o no, la nueva propuesta constitucional.
En un documento de 16 páginas, el contralor Jorge Bermúdez remitió a la ministra del Interior, Carolina Tohá, el oficio que “imparte instrucciones sobre el plebiscito constitucional”. Allí se fijan los límites a la campaña informativa sobre el proceso y las reglas que todo funcionario público deberá cumplir.
“Las autoridades, jefaturas y funcionarios, cualquiera sea su jerarquía, y con independencia del estatuto jurídico que los rija, en el desempeño de la función pública que ejercen, no deben promover alguna de las posturas de este plebiscito, ni asociar la actividad del organismo respectivo con alguna de ellas, ni ejercer influencia sobre otros empleados o sobre los particulares con el mismo objeto, ni, en general, emplear su autoridad o cargo para favorecer o perjudicar a cualquiera de las proposiciones plebiscitadas”, establece el contralor en el documento.
En esa misma línea agrega que “lo anterior, no obsta a que, al margen del desempeño del cargo, las autoridades, jefaturas y funcionarios -con las salvedades que más abajo se precisan-, en su calidad de ciudadanos, se encuentran habilitados para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental, pudiendo emitir libremente sus opiniones en materias políticas y realizar actividades de esa naturaleza, siempre que las desarrollen fuera de la jornada de trabajo y con recursos propios”.
El párrafo -por ejemplo-, explican conocedores de estas reglamentaciones, podría aplicarse al caso de Juan Andrés Lagos (PC), integrante del equipo territorial de la opción “En contra”. El dirigente comunista figura como funcionario a honorarios en la Subsecretaría del Interior, según el Portal de Transparencia, donde cumple funciones para asesorar al subsecretario Monsalve “en materias programáticas, de contingencia social y política”. En octubre recibió una remuneración de $3 millones como periodista de la cartera.
Informar, sí; parcialidad, no
Las reglas impartidas por Contraloría aplican para todo el aparato público. Por lo mismo, Bermúdez subraya en el documento que “es menester precisar que las referidas autoridades y jefaturas de los órganos y servicios de la Administración no pueden, por ningún medio, dar órdenes, instrucciones o sugerencias que impliquen o induzcan a los funcionarios de su dependencia a transgredir los principios y normas acerca de la prescindencia política de los servidores de la Administración del Estado en este plebiscito”.
El “téngase presente” más claro hacia el Ejecutivo, se lee sobre el final. Esta advertencia, comentan quienes conocieron la redacción del oficio, aplica como una señal para el gobierno, dado que en Teatinos 56 siempre vieron con preocupación cómo La Moneda manejó la elección pasada.
“Las respectivas autoridades deberán adoptar todas las medidas que procedan a fin de dar la debida y oportuna publicidad a las presentes instrucciones al interior del correspondiente organismo y, además, velar por su estricto cumplimiento. Es del caso reiterar que las autoridades y jefaturas, en cumplimiento del control jerárquico que deben ejercer respecto del personal de su dependencia, están obligadas, por la naturaleza de la posición que ocupan, a velar por el resguardo de las normas que en el presente instructivo se señalan”, se lee en el documento.
En el oficio que el organismo envió a Interior se advierte que “es necesario hacer presente que (Contraloría) no se opone a los citados principios de juridicidad, probidad y apoliticidad, el hecho de que el Estado a través de los organismos relacionados con funciones de comunicación, tales como el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, y los ministerios Secretaría General de Gobierno y de Desarrollo Social y Familia, efectúe una campaña sobre la importancia de concurrir a participar en el plebiscito y que informe acerca de las características de dicho proceso”; sin embargo, “lo anterior, por cierto, en la medida que aquello se ejecute con la debida imparcialidad”.
Por el momento el gobierno se ha cuidado de traspasar cualquier línea fijada por el estatuto administrativo, situación que -según Contraloría- deberá mantener de aquí a que se desarrollen las elecciones.
