Banco Central de Chile

Por: Fernanda Anguita y Juan Esteban Laval| Publicado: 25 de agosto

1.- Antecedentes históricos.

Chile ha recorrido un largo camino en la definición de la institucionalidad de su Banco Central. Comenzó con el proyecto de ley redactado por la Comisión Kemmerer, contratada en 1923 por el Presidente don Arturo Alessandri Palma, y que se materializó en el Decreto Ley N° 486, de 21 de agosto de 1925, que creó el Banco Central de Chile, tomando como modelo la ley de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

En ese entonces, se dotó el BCCh de personalidad jurídica de derecho público independiente del Gobierno[1] y su objeto fue fundamentalmente de carácter monetario, ya que consistía en regular el circulante y propender a la estabilidad de la moneda, entendida como una relación fija entre ésta y el oro. Además, con limitaciones, se prohibió financiar al Fisco mediante la adquisición de pagarés, letras, bonos y otras obligaciones del Estado, de las Municipalidades o de otras reparticiones o instituciones del Gobierno.  Lo negativo de este periodo corresponde a la Ley Nº 8.707, de 19 de diciembre de 1946, que autorizó la designación en su Directorio de representantes del Poder Legislativo (2 representantes de cada Cámara).

Años más tarde, en 1953, se dictó la segunda Ley Orgánica[2] está contenida en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 106, de fecha 6 de junio de 1953. De esta manera, se reconoció al BCCh el carácter de “institución autónoma” y de duración indefinida, ampliándose su objeto más allá de la estabilidad de precios. En efecto, su objeto consistió en "propender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía nacional mediante una política monetaria y crediticia que, procurando evitar tendencias inflacionistas o depresivas, permita el mayor aprovechamiento de los recursos productivos del país".  Por otra parte, a la mala noticia de la representación del Poder Legislativo en su Directorio, se agregó la facultad que se otorgó al BCCh para conceder créditos al Fisco, instituciones semifiscales, de administración autónoma y Municipalidades, en las condiciones establecidas en leyes especiales y se le obligó a descontar letras de cambio giradas por la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, a cargo del Tesorero General de la República, para regularizar los ingresos de la Caja Fiscal. Estas operaciones fueron una de las principales causas de la expansión monetaria y crediticia y del proceso inflacionario de los años siguientes.

Luego, en 1960, se dictó la tercera Ley Orgánica (DFL Nº 247, de 4 de abril de 1960), que mantuvo el mismo objeto del BCCh y amplió sus facultades en materia de fijación de encajes y de control del crédito. Su Directorio (11 miembros) ya no estaba integrado por representantes del Poder Legislativo, pero sí por 4 representantes del Ejecutivo. Además, se creó un Comité Ejecutivo, formado por el Presidente del Banco, el Vicepresidente y el Gerente General. Por otra parte, en materia de operaciones, se mantuvo la facultad para financiar al Fisco, aunque esta vez con un límite.

Luego, bajo el Gobierno de la Unidad Popular se utilizó una interpretación extensiva de su objeto, y el Banco Central por intermedio de las empresas bancarias y a través del mecanismo denominado "Administración Delegada de Fondos", otorgó financiamiento a las entidades de las llamadas áreas social y mixta, actuando de este modo como un banco comercial.

En 1975, se dictó el Decreto Ley N° 1.078, de 28 de junio de 1975, que corresponde a la cuarta Ley Orgánica, cuyas características principales fueron las siguientes: (i) se reconoció al BCCh como una institución autónoma de derecho público que sólo puede realizar las operaciones para las cuales está expresamente facultado, pero que no integra la Administración del Estado; (ii) su objeto fue es propender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía nacional, mediante las políticas monetaria, crediticia, de mercado de capitales, de comercio exterior y cambios internacionales, del ahorro y demás que le sean encomendadas por ley; (iii) se eliminó el Directorio, quedando radicada su dirección y administración superior en un Comité Ejecutivo integrado por el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General de la institución, los cuales son designados por el Presidente de la República; y (iv) se contempló expresamente la facultad del BCCh para conceder créditos al Fisco en virtud de leyes especiales, disponiéndose que, en todo caso, los créditos que se otorgaran dentro de un año calendario no podrían exceder del límite máximo de endeudamiento fiscal con el Banco fijado por el Consejo Monetario para ese mismo año.

Cuatro años más tarde, como consecuencia de la alta inflación derivada del financiamiento al Fisco, se dictó el Decreto Ley Nº 3.001, que modificó el Decreto Ley Nº 1.078, prohibiendo que el BCCh pudiese adquirir para sí pagarés descontables de la Tesorería General de la República u otros documentos de crédito emitidos directamente por el Fisco, como tampoco otorgar créditos directos a las entidades y empresas, de los sectores público y privado, excepto a las instituciones financieras, fueran públicas o privadas.

2.- El Banco Central de Chile en la Constitución Política de 1980 – Autonomía

La CPR 1980 reconoció las siguientes características al BCCh: (i) un organismo autónomo; (ii) de rango constitucional; (iii) de carácter técnico; (iv) con personalidad jurídica; (v) con patrimonio propio y (vi) de duración indefinida.[1]

El reconocimiento de su autonomía representa más que la simple incorporación del BCCh como órgano del Estado. En efecto, la autonomía a nivel constitucional[2] fue destacado por el Tribunal Constitucional, al ejercer el control preventivo de la Ley Orgánica Constitucional del BCCh (“LOC”)[3], como esencial para el orden público económico. Cabe que la misma descripción de las características antes mencionadas del BCCh se encuentran recogidas en el artículo 1° de la LOC.

Por lo expuesto, el Banco Central no está sujeto al control político de la Cámara de Diputados; tampoco a la fiscalización de la Contraloría General de la República ni de la Comisión para el Mercado Financiero; no se le aplica la Ley General de Bancos, salvo artículos excepcionales referidos, más que nada, a contar con su opinión técnica; no forma parte de la Administración del Estado ni se rige por la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado; y, finalmente, el Banco tiene la facultad exclusiva de interpretar administrativamente sus acuerdos, reglamentos, órdenes o instrucciones, sin perjuicio de las atribuciones legales de los órganos jurisdiccionales.[1]

Sin embargo, la característica más relevante de su autonomía se encuentra en la prohibición de financiamiento fiscal contenida tanto en la CPR 1980 como en su LOC.

En efecto, la CPR 1980 prohibió al BCCh financiar al Fisco, estableciendo que ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central y tampoco podrá adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.[2] Luego, este principio fue reiterado en la LOC, en ambos casos, sin perjuicio del financiamiento que pueda otorgar el Estado en caso de guerra exterior o de peligro de ella, calificado por el Consejo de Seguridad Nacional.[3]

Lo anterior, representa, ciertamente, un cambio significativo para el desarrollo de nuestra economía, ya que reforzó la autonomía del Instituto Emisor – al conferirle rango constitucional a la prohibición de financiamiento fiscal que regía desde el mencionado Decreto Ley N° 30.001 de 1979 - y permitió distinguir claramente la política fiscal a cargo de la Administración del Estado de la política monetaria en manos del BCCh.

¿Por qué es importante la autonomía del BCCh?

La literatura económica coincide en que la autonomía de los bancos centrales contribuye positivamente al desarrollo económico de los países, particularmente por el rol que dichas entidades desempeñan en la estabilidad de precios. Las economías avanzadas otorgaron una mayor autonomía a sus bancos centrales, permitiendo con ello, un mayor control de la inflación y muchos otros países, abrumados por altas tasas de inflación, se unieron a la tendencia de dotar a sus bancos centrales con mayores grados de autonomía.

Contar con un nivel bajo y estable de inflación fue entendido como factor determinante para el desarrollo económico de los países, ya que lo contrario, provoca incertidumbre en los ahorrantes, en los inversionistas y, en general, en todos quienes participan de la economía transaccional. En efecto, una alta inflación provoca volatilidad en los precios y es costosa para la sociedad, ya que dificulta adoptar decisiones correctas en materia de inversión, impactando negativamente la capacidad productiva de los países y su crecimiento económico.

Por otra parte, los países que no cuentan con un banco central autónomo generan incentivos para que los gobiernos incrementen el gasto público, provocando una presión hacia una mayor inflación y, con ello, un aumento de la demanda agregada y de la actividad económica a niveles superiores que provocarán fallas de mercado, afectado al crecimiento económico en el mediano plazo.

En este contexto, la LOC fijó su objeto – en términos claros y precisos - en el siguiente sentido: “el Banco tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”[1], confiriéndole las siguientes facultades para la consecución de su objeto: regular la cantidad de dinero y de crédito en circulación, ejecutar operaciones de crédito y cambios internacionales, y dictar normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales[2]. Sin perjuicio de lo anterior, la LOC estableció que “el Consejo, al adoptar sus acuerdos, deberá tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno”.[3]

Autonomía y resguardos.

Hemos destacado la importancia de la autonomía de los bancos centrales. En el caso del BCCh, dicho atributo se manifiesta en su capacidad técnica para generar sus propias decisiones mediante los acuerdos que dicta su Consejo, con independencia del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el BCCh goza de autonomía patrimonial, por cuanto su patrimonio se encuentra fijado en la LOC y puede ser administrado con independencia del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el legislador estableció múltiples resguardos al ejercicio de las facultades que confirió al BCCh, para el ejercicio de su autonomía.

a.- Dirección y administración del BCCh. Corresponde a un Consejo compuesto de cinco miembros, los cuales son designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado.

b.- Remoción de los Consejeros. Pueden ser removidos de sus cargos por ciertas causales que la LOC[1], remociones que son de la competencia de los Tribunales de Justicia, en el caso del artículo 15, y del Presidente de la República, tratándose de los artículos 16 y 17.

c.- Determinación de las remuneraciones del Presidente del Banco, del Vicepresidente y de los demás Consejeros. Son fijadas, por plazos no superiores a dos años, por el Presidente de la República, sobre la base de una proposición que le formula una comisión integrada por tres personas que se hayan desempeñado como Presidente o Vicepresidente del Banco.

d.- Orientación de la política económica del Gobierno. El Consejo, al adoptar sus acuerdos, deberá tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno

e.- Excedentes. Los excedentes de cada ejercicio, que queden después de destinar hasta un 10% de ellos a la constitución de re­servas, van a beneficio fiscal.[1]

f.- Estados financieros. Los requisitos y condiciones generales que tienen que cumplir los estados financieros del Banco, son fijados por el Consejo del Banco Central, previo informe favorable de la Comisión para el Mercado Financiero y, además, deben contar con la opinión de auditores externos, designados por el Consejo de entre aquellos que figuren registrados en dicha Comisión.[2]

g.- Información al Ejecutivo y Legislativo. El BCCh debe presentar al Ministro de Hacienda y al Senado, antes del 30 de abril de cada año, una memoria sobre las actividades del año inmediatamente anterior, en la que se informará acerca de la ejecución de las políticas y programas desarrollados en dicho período.  La memoria debe incluir los estados financieros del Banco, con sus respectivas notas y la opinión de los auditores externos.[3]

Además, el Consejo debe presentar al Ministro de Hacienda y al Senado, antes del 30 de septiembre de cada año, una evaluación del avance de las políticas y programas del año en curso, como asimismo, un informe de aquellos propuestos para el año calendario siguiente, en el cual se indicarán las proyecciones económicas generales sobre las que se basan dichos antecedentes y los efectos que se pudieren producir en las principales partidas de los estados financieros del Banco proyectados para ese período.[4]

h.- Información al mercado y público en general. El Consejo publica en su sitio internet: (i) la minuta de antecedentes de la Reunión de Política Monetaria como también de la discusión de la referida reunión; (ii) Informe de Política Monetaria: 4 veces al año; y (iii) Informe de Estabilidad Financiera: frecuencia semestral.

i.- Transparencia. El BCCh se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública, consagrado en el artículo 8° inciso segundo de la CPR 1980 y en los artículos 3° y 4° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.[1]

Finalmente, en el contexto de establecer resguardos en el ejercicio de su autonomía, la LOC establece diversos mecanismos para una adecuada coordinación entre el Banco y el Ejecutivo. Estas limitaciones a la autonomía son las siguientes:

a.- Información al Presidente de la República. El BCCh debe informar al Presidente de la República, respecto de las políticas y normas generales que dicte en el ejercicio de sus atribuciones, y asesorarlo, cuando lo solicite, en todas aquellas materias que digan relación con las funciones de la Institución.[2]

b.- Participación del Ministro de Hacienda en el Consejo[3] El Ministro de Hacienda puede (i) asistir a las sesiones del Consejo con derecho a voz; (ii) proponer al Consejo verbalmente o por escrito, la adopción de determinados acuerdos, debiendo dicho órgano tratar tales proposiciones en la sesión siguiente, para cuyo efecto las incluirá en la tabla respectiva; (iii) tiene el derecho de suspender, en la misma sesión a que asista, la aplicación de cualquier acuerdo o resolución que en ella adopte el Consejo del BCCh, por un plazo no superior a 15 días, contado desde la fecha de la correspondiente sesión, salvo que la totalidad de los Consejeros insista en su aplicación, en cuyo caso no regirá la suspensión del mismo; (iv) vetar los acuerdos del Consejo en que se impongan, alcen o modifiquen las restricciones de cambios internacionales a que se refiere el artículo 49 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central (retorno y liquidación, imposición de encajes, autorización previa, delimitación de las operaciones de cambios que pueden realizar las entidades constitutivas del Mercado Cambiario Formal y fijación de márgenes a las tenencias de divisas de esas mismas entidades).  En caso de veto, la correspondiente restricción sólo podrá ser adoptada si cuenta con el voto favorable de la totalidad de los miembros del Consejo.

 Conclusión.

a.- El BCCh goza de un alto grado de autonomía y existe una apreciable concordancia entre la autonomía legal y la práctica. Esta autonomía se encuentra fortalecida por su consagración constitucional (CPR y LOC), requiriéndose, por consiguiente, de altos quórum para su modificación, circunstancia que garantiza la integridad y permanencia de este atributo en el tiempo.  Además, reforzando la autonomía, se encuentra la prohibición de financiar al sector publico, también incluida en la Carta Fundamental, prohibición que es una de las más estrictas que pueden hallarse en la legislación internacional.

b.- El carácter autónomo del BCCh unido a la consecución de un objeto especifico, particularmente en materia de inflación, ha permitido que desde el primer año de vigencia de la LOC (1990) hasta la presente fecha, la tasa de inflación ha disminuido sostenidamente, desde un 27,3% en dicho año, hasta un 2,6% en 2018.[1]

c.- El BCCh mediante el control de la inflación contribuye al bienestar de la población. Una inflación baja y estable promueve un mejor funcionamiento de la economía y un mayor crecimiento económico, al tiempo que mantiene el poder adquisitivo de los ingresos de las personas. Además, ayuda a que se moderen las fluctuaciones del empleo y la producción nacional.

d.- El desempeño exitoso en la consecución de su objeto ha contribuido a reforzar la credibilidad y autonomía del BCCh, elemento indispensable para el desarrollo económico de nuestro país y para el fortalecimiento del orden público económico.

 

 

[1] Sin perjuicio de que en su Directorio de 10 miembros el Ejecutivo podía nombrar a 3 representantes.

[2] Decreto con Fuerza de Ley Nº 106, de fecha 6 de junio de 1953

[3] Artículo 108.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.

* Antes contenida en la prohibición legal contenida en el Decreto Ley N° 3.001, de 1979.

[5] Ley 18.840.

[6] Arts. 83 y 90 LOC.

[7] Art. 109 CPR.

[8] Art. 27 inciso segundo LOC.

[9] Art. 3° inciso primero Ley 18.840.

[10] Art. 3° inciso segundo Ley 18.840.

[11] Art. 6° LOC.

[12] Arts. 15, 16 y 17 LOC.

[13] Art. 77 LOC.

[14] Arts. 75 y 76 LOC.

[15] Arts. 78 y 79 LOC.

[16] Art. 80 LOC.

[17] Art. 65 bis LOC.

[18] Art. 4° LOC.

[19] Art. 19 LOC.

[20] El compromiso explícito del BCCH consiste en que la inflación anual del IPC se ubique la mayor parte del tiempo en torno a 3% anual, con un rango de tolerancia de más/menos un punto porcentual. Para cumplir con esto, el BCCh orienta su política monetaria de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% anual en el horizonte de política en torno a 2 años.

Banco Central de Chile

1.- Antecedentes históricos.

Chile ha recorrido un largo camino en la definición de la institucionalidad de su Banco Central. Comenzó con el proyecto de ley redactado por la Comisión Kemmerer, contratada en 1923 por el Presidente don Arturo Alessandri Palma, y que se materializó en el Decreto Ley N° 486, de 21 de agosto de 1925, que creó el Banco Central de Chile, tomando como modelo la ley de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

En ese entonces, se dotó el BCCh de personalidad jurídica de derecho público independiente del Gobierno[1] y su objeto fue fundamentalmente de carácter monetario, ya que consistía en regular el circulante y propender a la estabilidad de la moneda, entendida como una relación fija entre ésta y el oro. Además, con limitaciones, se prohibió financiar al Fisco mediante la adquisición de pagarés, letras, bonos y otras obligaciones del Estado, de las Municipalidades o de otras reparticiones o instituciones del Gobierno.  Lo negativo de este periodo corresponde a la Ley Nº 8.707, de 19 de diciembre de 1946, que autorizó la designación en su Directorio de representantes del Poder Legislativo (2 representantes de cada Cámara).

Años más tarde, en 1953, se dictó la segunda Ley Orgánica[2] está contenida en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 106, de fecha 6 de junio de 1953. De esta manera, se reconoció al BCCh el carácter de “institución autónoma” y de duración indefinida, ampliándose su objeto más allá de la estabilidad de precios. En efecto, su objeto consistió en "propender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía nacional mediante una política monetaria y crediticia que, procurando evitar tendencias inflacionistas o depresivas, permita el mayor aprovechamiento de los recursos productivos del país".  Por otra parte, a la mala noticia de la representación del Poder Legislativo en su Directorio, se agregó la facultad que se otorgó al BCCh para conceder créditos al Fisco, instituciones semifiscales, de administración autónoma y Municipalidades, en las condiciones establecidas en leyes especiales y se le obligó a descontar letras de cambio giradas por la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, a cargo del Tesorero General de la República, para regularizar los ingresos de la Caja Fiscal. Estas operaciones fueron una de las principales causas de la expansión monetaria y crediticia y del proceso inflacionario de los años siguientes.

Luego, en 1960, se dictó la tercera Ley Orgánica (DFL Nº 247, de 4 de abril de 1960), que mantuvo el mismo objeto del BCCh y amplió sus facultades en materia de fijación de encajes y de control del crédito. Su Directorio (11 miembros) ya no estaba integrado por representantes del Poder Legislativo, pero sí por 4 representantes del Ejecutivo. Además, se creó un Comité Ejecutivo, formado por el Presidente del Banco, el Vicepresidente y el Gerente General. Por otra parte, en materia de operaciones, se mantuvo la facultad para financiar al Fisco, aunque esta vez con un límite.

Luego, bajo el Gobierno de la Unidad Popular se utilizó una interpretación extensiva de su objeto, y el Banco Central por intermedio de las empresas bancarias y a través del mecanismo denominado "Administración Delegada de Fondos", otorgó financiamiento a las entidades de las llamadas áreas social y mixta, actuando de este modo como un banco comercial.

En 1975, se dictó el Decreto Ley N° 1.078, de 28 de junio de 1975, que corresponde a la cuarta Ley Orgánica, cuyas características principales fueron las siguientes: (i) se reconoció al BCCh como una institución autónoma de derecho público que sólo puede realizar las operaciones para las cuales está expresamente facultado, pero que no integra la Administración del Estado; (ii) su objeto fue es propender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía nacional, mediante las políticas monetaria, crediticia, de mercado de capitales, de comercio exterior y cambios internacionales, del ahorro y demás que le sean encomendadas por ley; (iii) se eliminó el Directorio, quedando radicada su dirección y administración superior en un Comité Ejecutivo integrado por el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General de la institución, los cuales son designados por el Presidente de la República; y (iv) se contempló expresamente la facultad del BCCh para conceder créditos al Fisco en virtud de leyes especiales, disponiéndose que, en todo caso, los créditos que se otorgaran dentro de un año calendario no podrían exceder del límite máximo de endeudamiento fiscal con el Banco fijado por el Consejo Monetario para ese mismo año.

Cuatro años más tarde, como consecuencia de la alta inflación derivada del financiamiento al Fisco, se dictó el Decreto Ley Nº 3.001, que modificó el Decreto Ley Nº 1.078, prohibiendo que el BCCh pudiese adquirir para sí pagarés descontables de la Tesorería General de la República u otros documentos de crédito emitidos directamente por el Fisco, como tampoco otorgar créditos directos a las entidades y empresas, de los sectores público y privado, excepto a las instituciones financieras, fueran públicas o privadas.

2.- El Banco Central de Chile en la Constitución Política de 1980 – Autonomía

La CPR 1980 reconoció las siguientes características al BCCh: (i) un organismo autónomo; (ii) de rango constitucional; (iii) de carácter técnico; (iv) con personalidad jurídica; (v) con patrimonio propio y (vi) de duración indefinida.[1]

El reconocimiento de su autonomía representa más que la simple incorporación del BCCh como órgano del Estado. En efecto, la autonomía a nivel constitucional[2] fue destacado por el Tribunal Constitucional, al ejercer el control preventivo de la Ley Orgánica Constitucional del BCCh (“LOC”)[3], como esencial para el orden público económico. Cabe que la misma descripción de las características antes mencionadas del BCCh se encuentran recogidas en el artículo 1° de la LOC.

Por lo expuesto, el Banco Central no está sujeto al control político de la Cámara de Diputados; tampoco a la fiscalización de la Contraloría General de la República ni de la Comisión para el Mercado Financiero; no se le aplica la Ley General de Bancos, salvo artículos excepcionales referidos, más que nada, a contar con su opinión técnica; no forma parte de la Administración del Estado ni se rige por la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado; y, finalmente, el Banco tiene la facultad exclusiva de interpretar administrativamente sus acuerdos, reglamentos, órdenes o instrucciones, sin perjuicio de las atribuciones legales de los órganos jurisdiccionales.[1]

Sin embargo, la característica más relevante de su autonomía se encuentra en la prohibición de financiamiento fiscal contenida tanto en la CPR 1980 como en su LOC.

En efecto, la CPR 1980 prohibió al BCCh financiar al Fisco, estableciendo que ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central y tampoco podrá adquirir documentos emitidos por el Estado, sus organismos o empresas.[2] Luego, este principio fue reiterado en la LOC, en ambos casos, sin perjuicio del financiamiento que pueda otorgar el Estado en caso de guerra exterior o de peligro de ella, calificado por el Consejo de Seguridad Nacional.[3]

Lo anterior, representa, ciertamente, un cambio significativo para el desarrollo de nuestra economía, ya que reforzó la autonomía del Instituto Emisor – al conferirle rango constitucional a la prohibición de financiamiento fiscal que regía desde el mencionado Decreto Ley N° 30.001 de 1979 - y permitió distinguir claramente la política fiscal a cargo de la Administración del Estado de la política monetaria en manos del BCCh.

¿Por qué es importante la autonomía del BCCh?

La literatura económica coincide en que la autonomía de los bancos centrales contribuye positivamente al desarrollo económico de los países, particularmente por el rol que dichas entidades desempeñan en la estabilidad de precios. Las economías avanzadas otorgaron una mayor autonomía a sus bancos centrales, permitiendo con ello, un mayor control de la inflación y muchos otros países, abrumados por altas tasas de inflación, se unieron a la tendencia de dotar a sus bancos centrales con mayores grados de autonomía.

Contar con un nivel bajo y estable de inflación fue entendido como factor determinante para el desarrollo económico de los países, ya que lo contrario, provoca incertidumbre en los ahorrantes, en los inversionistas y, en general, en todos quienes participan de la economía transaccional. En efecto, una alta inflación provoca volatilidad en los precios y es costosa para la sociedad, ya que dificulta adoptar decisiones correctas en materia de inversión, impactando negativamente la capacidad productiva de los países y su crecimiento económico.

Por otra parte, los países que no cuentan con un banco central autónomo generan incentivos para que los gobiernos incrementen el gasto público, provocando una presión hacia una mayor inflación y, con ello, un aumento de la demanda agregada y de la actividad económica a niveles superiores que provocarán fallas de mercado, afectado al crecimiento económico en el mediano plazo.

En este contexto, la LOC fijó su objeto – en términos claros y precisos - en el siguiente sentido: “el Banco tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos”[1], confiriéndole las siguientes facultades para la consecución de su objeto: regular la cantidad de dinero y de crédito en circulación, ejecutar operaciones de crédito y cambios internacionales, y dictar normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales[2]. Sin perjuicio de lo anterior, la LOC estableció que “el Consejo, al adoptar sus acuerdos, deberá tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno”.[3]

Autonomía y resguardos.

Hemos destacado la importancia de la autonomía de los bancos centrales. En el caso del BCCh, dicho atributo se manifiesta en su capacidad técnica para generar sus propias decisiones mediante los acuerdos que dicta su Consejo, con independencia del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el BCCh goza de autonomía patrimonial, por cuanto su patrimonio se encuentra fijado en la LOC y puede ser administrado con independencia del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, el legislador estableció múltiples resguardos al ejercicio de las facultades que confirió al BCCh, para el ejercicio de su autonomía.

a.- Dirección y administración del BCCh. Corresponde a un Consejo compuesto de cinco miembros, los cuales son designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado.

b.- Remoción de los Consejeros. Pueden ser removidos de sus cargos por ciertas causales que la LOC[1], remociones que son de la competencia de los Tribunales de Justicia, en el caso del artículo 15, y del Presidente de la República, tratándose de los artículos 16 y 17.

c.- Determinación de las remuneraciones del Presidente del Banco, del Vicepresidente y de los demás Consejeros. Son fijadas, por plazos no superiores a dos años, por el Presidente de la República, sobre la base de una proposición que le formula una comisión integrada por tres personas que se hayan desempeñado como Presidente o Vicepresidente del Banco.

d.- Orientación de la política económica del Gobierno. El Consejo, al adoptar sus acuerdos, deberá tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno

e.- Excedentes. Los excedentes de cada ejercicio, que queden después de destinar hasta un 10% de ellos a la constitución de re­servas, van a beneficio fiscal.[1]

f.- Estados financieros. Los requisitos y condiciones generales que tienen que cumplir los estados financieros del Banco, son fijados por el Consejo del Banco Central, previo informe favorable de la Comisión para el Mercado Financiero y, además, deben contar con la opinión de auditores externos, designados por el Consejo de entre aquellos que figuren registrados en dicha Comisión.[2]

g.- Información al Ejecutivo y Legislativo. El BCCh debe presentar al Ministro de Hacienda y al Senado, antes del 30 de abril de cada año, una memoria sobre las actividades del año inmediatamente anterior, en la que se informará acerca de la ejecución de las políticas y programas desarrollados en dicho período.  La memoria debe incluir los estados financieros del Banco, con sus respectivas notas y la opinión de los auditores externos.[3]

Además, el Consejo debe presentar al Ministro de Hacienda y al Senado, antes del 30 de septiembre de cada año, una evaluación del avance de las políticas y programas del año en curso, como asimismo, un informe de aquellos propuestos para el año calendario siguiente, en el cual se indicarán las proyecciones económicas generales sobre las que se basan dichos antecedentes y los efectos que se pudieren producir en las principales partidas de los estados financieros del Banco proyectados para ese período.[4]

h.- Información al mercado y público en general. El Consejo publica en su sitio internet: (i) la minuta de antecedentes de la Reunión de Política Monetaria como también de la discusión de la referida reunión; (ii) Informe de Política Monetaria: 4 veces al año; y (iii) Informe de Estabilidad Financiera: frecuencia semestral.

i.- Transparencia. El BCCh se rige por el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública, consagrado en el artículo 8° inciso segundo de la CPR 1980 y en los artículos 3° y 4° de la Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración del Estado.[1]

Finalmente, en el contexto de establecer resguardos en el ejercicio de su autonomía, la LOC establece diversos mecanismos para una adecuada coordinación entre el Banco y el Ejecutivo. Estas limitaciones a la autonomía son las siguientes:

a.- Información al Presidente de la República. El BCCh debe informar al Presidente de la República, respecto de las políticas y normas generales que dicte en el ejercicio de sus atribuciones, y asesorarlo, cuando lo solicite, en todas aquellas materias que digan relación con las funciones de la Institución.[2]

b.- Participación del Ministro de Hacienda en el Consejo[3] El Ministro de Hacienda puede (i) asistir a las sesiones del Consejo con derecho a voz; (ii) proponer al Consejo verbalmente o por escrito, la adopción de determinados acuerdos, debiendo dicho órgano tratar tales proposiciones en la sesión siguiente, para cuyo efecto las incluirá en la tabla respectiva; (iii) tiene el derecho de suspender, en la misma sesión a que asista, la aplicación de cualquier acuerdo o resolución que en ella adopte el Consejo del BCCh, por un plazo no superior a 15 días, contado desde la fecha de la correspondiente sesión, salvo que la totalidad de los Consejeros insista en su aplicación, en cuyo caso no regirá la suspensión del mismo; (iv) vetar los acuerdos del Consejo en que se impongan, alcen o modifiquen las restricciones de cambios internacionales a que se refiere el artículo 49 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central (retorno y liquidación, imposición de encajes, autorización previa, delimitación de las operaciones de cambios que pueden realizar las entidades constitutivas del Mercado Cambiario Formal y fijación de márgenes a las tenencias de divisas de esas mismas entidades).  En caso de veto, la correspondiente restricción sólo podrá ser adoptada si cuenta con el voto favorable de la totalidad de los miembros del Consejo.

 Conclusión.

a.- El BCCh goza de un alto grado de autonomía y existe una apreciable concordancia entre la autonomía legal y la práctica. Esta autonomía se encuentra fortalecida por su consagración constitucional (CPR y LOC), requiriéndose, por consiguiente, de altos quórum para su modificación, circunstancia que garantiza la integridad y permanencia de este atributo en el tiempo.  Además, reforzando la autonomía, se encuentra la prohibición de financiar al sector publico, también incluida en la Carta Fundamental, prohibición que es una de las más estrictas que pueden hallarse en la legislación internacional.

b.- El carácter autónomo del BCCh unido a la consecución de un objeto especifico, particularmente en materia de inflación, ha permitido que desde el primer año de vigencia de la LOC (1990) hasta la presente fecha, la tasa de inflación ha disminuido sostenidamente, desde un 27,3% en dicho año, hasta un 2,6% en 2018.[1]

c.- El BCCh mediante el control de la inflación contribuye al bienestar de la población. Una inflación baja y estable promueve un mejor funcionamiento de la economía y un mayor crecimiento económico, al tiempo que mantiene el poder adquisitivo de los ingresos de las personas. Además, ayuda a que se moderen las fluctuaciones del empleo y la producción nacional.

d.- El desempeño exitoso en la consecución de su objeto ha contribuido a reforzar la credibilidad y autonomía del BCCh, elemento indispensable para el desarrollo económico de nuestro país y para el fortalecimiento del orden público económico.

 

 

[1] Sin perjuicio de que en su Directorio de 10 miembros el Ejecutivo podía nombrar a 3 representantes.

[2] Decreto con Fuerza de Ley Nº 106, de fecha 6 de junio de 1953

[3] Artículo 108.- Existirá un organismo autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.

* Antes contenida en la prohibición legal contenida en el Decreto Ley N° 3.001, de 1979.

[5] Ley 18.840.

[6] Arts. 83 y 90 LOC.

[7] Art. 109 CPR.

[8] Art. 27 inciso segundo LOC.

[9] Art. 3° inciso primero Ley 18.840.

[10] Art. 3° inciso segundo Ley 18.840.

[11] Art. 6° LOC.

[12] Arts. 15, 16 y 17 LOC.

[13] Art. 77 LOC.

[14] Arts. 75 y 76 LOC.

[15] Arts. 78 y 79 LOC.

[16] Art. 80 LOC.

[17] Art. 65 bis LOC.

[18] Art. 4° LOC.

[19] Art. 19 LOC.

[20] El compromiso explícito del BCCH consiste en que la inflación anual del IPC se ubique la mayor parte del tiempo en torno a 3% anual, con un rango de tolerancia de más/menos un punto porcentual. Para cumplir con esto, el BCCh orienta su política monetaria de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% anual en el horizonte de política en torno a 2 años.

Por: Fernanda Anguita y Juan Esteban Laval | Publicado: 25 de agosto 2020

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