Ante el complejo quórum de 2/3 que deben alcanzar para insistir en el texto original despachado desde el Congreso a fines de agosto, en Chile Vamos evalúan la opción de recurrir un mecanismo legislativo que podría permitirles hacer caer el veto del gobierno.
Un duro golpe al trabajo que desarrolla el gobierno y la oposición para sacar adelante la agenda de seguridad podría generar el veto que ingresó el Presidente Gabriel Boric el viernes al Senado para modificar la ley que endurece las penas contra las usurpaciones de propiedades y que había sido despachada del Congreso el 30 de agosto.
Aunque el objetivo de La Moneda era evitar la posibilidad de instaurar un “autotutelaje” o la “justicia por mano propia”, en la derecha acusaron que las correcciones incluidas en el veto presidencial harían casi imposible que el delito de usurpación sea castigado con cárcel, lo que encendió los ánimos en ese sector.
El senador de Evópoli Felipe Kast dijo ayer que la actitud del gobierno le “genera desconfianzas” y que esto representa un punto de quiebre en las relaciones con el Ejecutivo.
“Veníamos trabajando en varios proyectos de ley y claramente yo, por lo menos, de aquí en adelante, después de lo que ha hecho el gobierno, no tengo ningún ánimo de sentarme con ellos en materia de seguridad, porque ya no les creo que les importa la seguridad. Tan simple como eso”, sentenció.
“Se acabaron las coordinaciones y reuniones de trabajo con el gobierno, porque lo que acaban de hacer es simplemente pasar por encima de un poder autónomo. Ahora vamos a actuar en Congreso con autonomía desde la Comisión de Seguridad”, agregó el parlamentario de Evópoli.
Por su parte, el senador y presidente electo de RN, Rodrigo Galilea, dijo: “Creemos que esto es un paso en falso del gobierno ante una agenda de seguridad que nosotros entendíamos que íbamos a lograr sacarla de común acuerdo. Por eso, en Chile Vamos nos empiezan a bajar las legítimas dudas de cuánto compromiso existe respecto de cerrar todas las llaves a las conductas indeseadas que afectan la seguridad de los chilenos”.
El diputado Jorge Guzmán, subjefe de bancada de Evópoli, agregó que resulta una contradicción el veto del Ejecutivo y que lo considera “grave”. “Le da en el gusto al Partido Comunista, pero afecta las relaciones con quienes incluso, desde el oficialismo, habían exigido penas más graves a quienes usurpan”, apuntó.
Evaluando un plan B
Aunque en la derecha salieron a rechazar en bloque el contenido del veto presentado por el gobierno, en ese sector existe conciencia de la dificultad de hacerlo caer: para reponer el texto original aprobado por el Parlamento, deben alcanzar un exigente quórum de 2/3.
Es por esto que ayer se evaluaba en la derecha la posibilidad de recurrir a un mecanismo legislativo -la atribución del presidente del Senado, el UDI Juan Antonio Coloma, de recalificar el veto- que eventualmente acotaría el número de votos requeridos.
