“Legal o ilegal las mujeres abortamos igual”, esta realidad es irrefutable: los estudios en esta materia indican que el aborto ocurre en todo el mundo, de manera importante, independientemente del nivel de ingresos del país, de la región o del estatus legal del aborto[1]. De igual modo, según Lampter (2021), la penalización del aborto ha demostrado ser ineficaz en detenerlo; el aborto ilegal no reduce su número.
Un informe de The Lancet Global Healt señaló en 2020 que las tasas de aborto son más altas en los países que restringen el aborto que en los países en los que no. Además, la comunidad internacional -OMS, FPNU, CIPD, OEA- concuerda en que una sólida política de salud sexual y reproductiva, que abarque educación sexual, acceso a anticoncepción y la interrupción voluntaria del embarazo, sí reduce los abortos.
En Chile el aborto fuera de las 3 causales es ilegal. La despenalización busca que, por ejemplo, una mujer que requiere asistencia médica por complicaciones tras un aborto inseguro, no sea denunciada ni perseguida penalmente. Hoy, arriesga presidio menor en su grado mínimo (3 a 5 años de cárcel), mientras él o la profesional de la salud que realice la intervención, presidio menor en su grado máximo. En paralelo, en Argentina y Uruguay la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es legal, es segura y está claramente regulada.
Sin matices, la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada en diciembre próximo, abre la puerta a la eliminación de las 3 causales, restringiendo por completo el acceso al aborto, esta vez con estatus constitucional en la Carta Magna. Esta propuesta de Constitución no sólo nos retrotrae a antes de 2016, sino que pone aún más trabas para la discusión sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y nos situaría en el reducido grupo de países que prohíbe totalmente el aborto y donde las mujeres enfrentan la posibilidad de morir y ser encarceladas por abortar.
En el sistema de justicia penal chileno casi todas las denuncias relacionadas al delito de aborto provienen de atenciones en instituciones de salud del sector público[2]. Esto no significa que las mujeres que se atienden en instituciones privadas de salud no aborten, dando cuenta de una discriminación arbitraria a razón de la capacidad de pagar o no por la atención de salud. La ilegalidad del aborto, lo convierte en una práctica insegura que pone en riesgo la salud de las mujeres, las criminaliza y castiga especialmente a aquellas con menos recursos económicos.
Seamos serios, que haya quienes por razones morales o religiosas no estén de acuerdo con el aborto, no lo hace desaparecer y su prohibición basada en razones subjetivas es simplemente la imposición por parte de un sector conservador, de dogmas particulares sobre la sociedad Chilena en su conjunto.
En nuestro país ocurren entre 60 mil a 300 mil abortos clandestinos al año, la falta de datos precisos se debe a la clandestinidad impuesta por su ilegalidad. La interrupción voluntaria del embarazo es innegablemente un asunto de salud pública: ocurre más allá de que haya personas a favor o en contra, más allá de la legislación, más allá de la falta de acceso, y -ya que sigue y seguirá ocurriendo- es una problemática que debemos abordar desde las políticas públicas, y no desde la moral.
Giovanka Luengo Figueroa.
Trabajadora Social.